Una nueva polémica ha estallado en LaLiga tras una investigación de El Español, que sostiene que la competición utilizó las firmas de tres miembros de su unidad antipiratería en 1.352 informes sin su autorización ni conocimiento. Los documentos acusan a bares y restaurantes de toda España de emitir partidos de fútbol sin licencia y, según las informaciones, han sido presentados como pruebas en procedimientos penales y civiles ante más de 100 juzgados.

Elaborados en las oficinas de LaLiga en Madrid entre marzo y mayo de 2025, los informes afectan a establecimientos de las 17 comunidades autónomas. Según el periódico, el supuesto procedimiento consistía en insertar una imagen con las firmas de los tres empleados en el apartado reservado a los supervisores de los expedientes, dando a entender que habían revisado los informes. Sin embargo, los afectados aseguran que esas revisiones nunca se llevaron a cabo.

La acusación más grave afecta al presidente de LaLiga, Javier Tebas. El Español afirma haber obtenido un correo electrónico enviado a su dirección oficial el 16 de septiembre, cuyo asunto hacía referencia al uso de firmas manuscritas en informes presentados en procedimientos judiciales. Según los registros de Outlook a los que tuvo acceso el periódico, Tebas abrió el mensaje tres días después, el 19 de septiembre, a las 9:27 horas.

En el correo, los tres verificadores habrían señalado que no habían elaborado los informes que se les atribuían ni habían incorporado personalmente sus firmas a cada documento. También afirmaron que sus firmas habían aparecido en actas de inspección realizadas por otras personas. Uno de los empleados, responsable de la zona de Madrid, figuraba incluso como supervisor de inspecciones realizadas en Vizcaya, Murcia y Asturias. Los tres fueron despedidos este verano en el marco de un procedimiento de despido colectivo.

LaLiga ha rechazado con contundencia las acusaciones. Fuentes de la organización niegan que se utilizaran las firmas sin conocimiento de los empleados, aseguran disponer de pruebas que respaldan su postura y han anunciado acciones legales contra unas acusaciones que consideran difamatorias e injuriosas. La patronal también señala que mantiene litigios judiciales con algunos de los exempleados, tanto en la vía penal como en la laboral.

En última instancia, serán los tribunales quienes deberán determinar si se cometió algún delito y quién es el responsable. Sin embargo, la polémica ya ha generado serias dudas sobre los procedimientos internos de LaLiga y su imagen pública. Tebas ha convertido la lucha contra la piratería en una de sus principales prioridades, hasta el punto de reconocer que dedica una parte importante de su tiempo a este asunto. Ahora, el presidente de LaLiga, que ha cuestionado en numerosas ocasiones la conducta del Real Madrid y ha exigido mayor rigor al club, debe responder a las preguntas sobre lo que ocurría dentro de su propia organización.

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